El debate sobre esta legislación en Paraguay cobra fuerza con el análisis del doctor Félix Villamayor, socio de Irún & Villamayor. Al respecto, su postura es firme: “La Ley laboral perjudica al empleador, al trabajador y beneficia al deshonesto”. Esta afirmación expone las contradicciones de un marco legal que requiere una reforma estructural.

Para entrar en contexto, el jurista relató el caso de un gerente de recursos humanos, cuyo empleador enfrentó la restitución judicial de un empleado que había sido despedido por haber robado a la empresa. Al no poder probarse plenamente el hecho, el juez ordenó la reincorporación del colaborador. No obstante, para evitar reingresar al deshonesto, la firma pagó una indemnización muy elevada.

Este tipo de situaciones genera consecuencias devastadoras para el mercado ya que, en cierta manera, constituyen una especie de “premio a la deshonestidad”. Luego de este hecho, el empleador del ejemplo que expuso Villamayor tomó la decisión de desvincular preventivamente a colaboradores altamente eficientes y honestos, justo antes de que cumplan los 9 años y 6 meses de servicio ininterrumpido en su respectiva empresa. Es decir, antes de alcanzar los 10 años, el periodo que, según el artículo 94 del Código Penal, da inicio a la estabilidad laboral de los empleados.

En este caso se puede observar una práctica común que se denomina “compraventa de antigüedad” y que consiste en liquidar al empleado poco después de haber cumplido los 9 años dentro de la empresa, para recontratarlo inmediatamente, como una manera de buscar un nuevo inicio en los papeles del registro de la seguridad social.

Sin embargo, según el Dr. Villamayor, esta aparente salida no representa una solución real, sino un parche que suele complicar los procesos judiciales. Si surge un conflicto laboral 3 años después, el trabajador reclamará 13 años de antigüedad total. Mientras tanto, el empleador argumentaría haber abonado previamente la diferencia, pero la justicia paraguaya tiende a invalidar estos acuerdos informales, lo que perpetúa un escenario de constante litigio empresarial.

En este sentido, el abogado Félix Villamayor recordó que, a fines del 2024, el Gobierno nacional, a través del Presidente de la República, manifestó la firme intención de suprimir esta polémica protección por antigüedad. Por su parte, el Ministerio de Trabajo convocó rápidamente a abogados, gremios y sindicatos para debatir la eliminación del derecho a la reposición y proponer un sistema compensatorio económico mucho más robusto para los trabajadores de mayor trayectoria.

Los abogados de ambos sectores (tanto patronales como sindicales) coincidieron en la necesidad de reformular la norma. El esquema procesal actual prolonga los juicios durante 3, 4 o 5 años, generando una enorme incertidumbre financiera para las empresas y un desgaste devastador para el propio trabajador, quien queda atrapado en un limbo legal que paraliza su desarrollo laboral continuo.

Por un lado, Villamayor asegura que gremios como la Unión Industrial Paraguaya sostienen que la estabilidad absoluta vulnera derechos constitucionales, como la libertad de comercio, industria y contratación. Por el otro, los sindicatos defienden la medida argumentando que constituye una conquista social histórica. Según la visión de este sector, suprimir la legislación dejaría desprotegidos a miles de paraguayos, exponiéndolos a despidos masivos y arbitrarios por parte del empresariado.

“Para el Ministerio de Trabajo, la estabilidad es un problema de empleo porque solo el 16% de la población llega a 10 años de antigüedad”, agrega el Dr. Villamayor. El resto de los trabajadores formales o informales queda totalmente excluido de esta supuesta conquista de protección.

El análisis técnico del especialista expone que los incentivos de la ley actual no tienen una función plena en este sentido. “Las instituciones jurídicas no deberían evaluarse solo por sus buenas intenciones. También deben evaluarse por los resultados que producen. Toda norma influye en la forma en que las personas y las organizaciones toman decisiones”, aseguró.  En este sentido, encontrar una solución equilibrada resulta imperativo para el desarrollo económico del país. “El desafío no es elegir entre trabajadores y empresas, sino construir un sistema que permita crecer a ambos”, cerró el especialista.