La transformación del Estado dejó de ser una aspiración abstracta para convertirse en uno de los desafíos más concretos de la región. Y Paraguay, en pleno proceso de acercamiento a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), está decidido a entrar en esa conversación global desde otro lugar: el de un país que se toma en serio la modernización institucional.
Anabel González, Vicepresidenta de Países e Integración Regional del organismo, fue clara al decir que sin instituciones sólidas no hay crecimiento sostenible, ni reducción de la pobreza, ni respuesta efectiva a fenómenos que hoy moldean la realidad de la región, desde la transformación digital hasta la confianza ciudadana.
Aseguró que, en ese diagnóstico, Paraguay aparece no sólo como parte del desafío, sino también como parte de la solución. González recordó que, en la última década, los indicadores de efectividad del Estado y Estado de Derecho en América Latina y el Caribe han caído de manera consistente.
Detalló que el indicador de efectividad pasó del percentil 58 al 49; el de Estado de Derecho, del 52 al 48. A eso se suma un dato que duele: la ineficiencia en la inversión pública equivale al 27% de lo invertido, casi el 4,6% del PIB regional. Y la confianza ciudadana en las instituciones sigue entre las más bajas del mundo.
En ese contexto, Paraguay busca diferenciarse a través de reformas concretas. González destacó especialmente los avances locales en profesionalización y digitalización del Estado, citando el trabajo que el BID viene realizando con el Ministerio de Economía para reformar el servicio civil y la contratación pública con el objetivo de consolidar un aparato estatal más moderno, transparente y orientado al servicio ciudadano.
El BID planteó además una hoja de ruta regional basada en cuatro pilares: gastar mejor, no solo gastar más; fortalecer la capacidad de gestión; mejorar los marcos regulatorios; y modernizar los sistemas de supervisión y control utilizando innovación y herramientas como la inteligencia artificial. Paraguay ya trabaja en varios de esos frentes y aspira a que ese esfuerzo sea reconocido como parte de su proceso hacia la OCDE.
La experiencia de países vecinos también apareció en el debate. González mencionó casos como Argentina, que avanza en la simplificación normativa, y Ecuador o Colombia, que están modernizando sus organismos de control con apoyo del BID.
Para Paraguay, este momento es especialmente estratégico. El país busca alinearse con estándares globales, reducir brechas regulatorias y fortalecer su institucionalidad para ofrecer mejores servicios públicos, atraer inversiones y construir una relación más sólida entre el Estado y la ciudadanía. En otras palabras, se busca demostrar que pertenecer a la OCDE no es solo un objetivo político, sino un compromiso con un país más previsible, transparente y eficiente.
Al cerrar su intervención, González dejó un mensaje directo: invertir en instituciones es invertir en el futuro. Y el BID —aseguró— está listo para acompañar a Paraguay en este recorrido. Un recorrido que, si se sostiene en el tiempo, podría redefinir no solo la imagen del país ante el mundo, sino la calidad de vida de los paraguayos en las próximas décadas.