La Superintendencia de Salud intensificó en los últimos años los controles sobre las empresas de medicina prepaga y las entidades prestadoras de servicios de salud. El objetivo es fortalecer la regulación y reducir la informalidad que aún persiste en el sistema sanitario paraguayo.

El superintendente de Salud, Roberto Melgarejo, dijo durante el Summit Health & Tech de Forbes que en su administración se incrementaron las tareas de fiscalización y control tanto sobre las empresas de medicina prepaga como sobre los prestadores de servicios.

Explicó que cuando asumió el cargo existían 123 empresas de medicina prepaga registradas, mientras que actualmente la cifra se redujo a 96, luego de que varias fueran suspendidas o dejaran de operar por no cumplir con las exigencias regulatorias.

Señaló que uno de los mayores desafíos sigue siendo garantizar que estas empresas cuenten con la solvencia suficiente para responder a los compromisos asumidos con sus asegurados.

"Cuando ingresamos a la Superintendencia habían 123 empresas de medicina prepaga en el Paraguay. Hoy día están en 96; a más de veintitantas les hemos suspendido definitivamente o ellas mismas se han dado de baja por el sistema de control existente", recalcó.

Melgarejo afirmó que el principal riesgo que enfrenta actualmente el sistema sanitario es la elevada informalidad, tanto en empresas de medicina prepaga como en prestadores de servicios de salud.

Indicó que muchas entidades no presentan en tiempo y forma sus balances financieros, mientras que otras ni siquiera cuentan con la habilitación correspondiente del Ministerio de Salud.

Explicó que esta situación termina afectando también a las empresas que cumplen con todas las exigencias legales y regulatorias.

"Muchas empresas presentan sus balances en tiempo y forma, pero hay un sector importante que no está cumpliendo a cabalidad. A esas empresas les tenemos un control mucho más estricto porque, al incumplir desde el momento en que no tienen el capital suficiente o la suficiente solvencia, el sistema le golpea a todo. Las formales, las serias, también se ven afectadas por la informalidad", especificó.

En ese contexto, recordó que la Superintendencia es la única institución encargada de habilitar, registrar, controlar y regular a las empresas de medicina prepaga.

Asimismo, adelantó que la institución trabaja en un manual de categorización y acreditación específico para estas empresas, un instrumento que actualmente no existe en el país y que esperan concluir antes de fin de año.

Miles de prestadores siguen fuera del sistema

Otro de los puntos que preocupa a la Superintendencia es la cantidad de prestadores de servicios de salud que todavía operan fuera del sistema formal.

Melgarejo explicó que el número de entidades registradas pasó de 918 en marzo de 2024 a 2.475 en la actualidad. Sin embargo, estima que aún existe un subregistro de dimensiones similares.

"Seguimos creyendo que hay un subregistro de aproximadamente dos veces más. Hay unas 2.500 a 3.000 entidades prestadoras de servicios, como clínicas, sanatorios, centros de fisioterapia, centros de especialidades y centros odontológicos, que no están registrados en el sistema", comentó.

A su criterio, ampliar el alcance de los controles será fundamental para garantizar estándares mínimos de calidad en todo el país.

Tecnología para ampliar la fiscalización

La Superintendencia también apuesta por la transformación tecnológica para mejorar su capacidad de supervisión.

Melgarejo explicó que actualmente trabajan en el desarrollo de un nuevo sistema informático que permitirá identificar con mayor rapidez los focos de informalidad.

Sostuvo que la incorporación de estas herramientas facilitará llegar a establecimientos que anteriormente escapaban a los controles de la institución.

"Estamos trabajando en un nuevo sistema informático, un software nuevo, justamente para poder controlar e ir a esos bolsillos de informalidad. A través de esa nueva tecnología estamos llegando a sectores que antes ni llegábamos", afirmó.

El superintendente también valoró el trabajo conjunto entre el sector público y privado, señalando que ambos cumplen un rol complementario dentro del sistema sanitario.

Mayor autonomía para agilizar la gestión

De cara al futuro, Melgarejo considera que una de las reformas más importantes pasa por fortalecer institucionalmente a la Superintendencia de Salud.

Explicó que, si bien la ley le otorga autonomía funcional y administrativa, el presupuesto de la institución continúa dependiendo del Ministerio de Salud, lo que genera procesos administrativos más lentos.

A su criterio, contar con autonomía plena permitiría responder con mayor rapidez a las necesidades del sistema.

"Lo principal es lograr y obtener la autonomía absoluta de la Superintendencia, eso es fundamental. Si bien es cierto tenemos cierta autonomía funcional y administrativa, desde la creación de la Superintendencia el presupuesto está inserto dentro del Ministerio de Salud y eso hace siempre un poco más de pasos administrativamente hablando. Sería fundamental esa autonomía total", concluyó.