Reglamento 1.115 consiste en una normativa exclusiva de la Comunidad Europea, a decir de José Berea, Presidente de la Cámara Paraguaya de Exportadores y Comercializadores de Cereales y Oleaginosas (Capeco). Puntualizó así que la reglamentación surge de una tendencia global donde importadores y bancos exigen mayor trazabilidad, sustentabilidad y cumplimiento en la producción de bienes.

"Los importadores del mercado de la Unión Europeo quieren tener mayor conocimiento de dónde provienen las mercaderías, lo cual resulta provechoso, pero hay cuestiones que se fueron un poco de las manos. Ahora la reglamentación está en suspenso y probablemente entraría en vigencia a partir del primero de enero de 2026 porque las exigencias que establecen hoy en día a los productores exceden la posibilidad de cumplimiento", expresó.

Héctor Cristaldo, Presidente de la Unión de Gremios de la Producción (UGP), agregó que la mencionada reglamentación consiste en una medida comercial impuesta unilateralmente por Europa, que vulnera los acuerdos de la Organización Mundial de Comercio, así como los acuerdos de París sobre la convención de cambio climático.

Recordó que esas disposiciones establecen la existencia de responsabilidades compartidas, pero diferenciadas de acuerdo al potencial de los países, donde aquellas naciones en desarrollo no pueden frenar su progreso. En ese sentido, también se determina que para el manejo de los efectos del cambio climático, no se debe impedir la producción de alimentos, por lo cual la mencionada medida representaría más bien una barrera comercial.

Aspectos a considerar

El Presidente de la UGP puntualizó que la reglamentación 1.115 debe estar alineada con las leyes paraguayas, dejando entrever la importancia de que prevalezcan las normativas nacionales. Con respecto a lo que podría pasar tras esto, aún existe cierto nivel de incertidumbre, por las exigencias establecidas.

"La trazabilidad no es un problema, la complicación viene cuando esa exigencia no es como la habitual, referente al lugar de origen, calidad, sanidad, inocuidad, entre otros factores. Es decir, las prácticas de manejo no son suficientes y a esto se suma lo que ellos denominan 'principio precautorio', lo cual permite bloquear una carga ante una sospecha, sin siquiera una denuncia", manifestó, alegando arbitrariedad en el proceso.

Berea indicó que si esos puntos son conversados y solucionados bajo un acuerdo común, la reglamentación podría significar un aporte considerable para la producción nacional. Esto debido a que el país tendrá la capacidad de sumarse a los mercados europeos, con lo cual se podría diversificar la presencia internacional de las producciones locales.

Reiteró la importancia de comprender la unificación de la sustentabilidad con la trazabilidad, sobre lo cual los gremios de la producción no están en contra. El cuestionamiento, recalcó, viene a la hora de establecer exigencias en entornos donde no se pueden aplicar reglamentaciones, sin comprometer los niveles de producción o desarrollo.

"Los temas ambientales son importantes, así como los sociales, pero no encontramos sentido al impulso de la segregación de los granos, como lo pretenden aplicar dentro de los procesos de trazabilidad", manifestó, enfatizando que con estas cuestiones resulta primordial cuestionarse qué tan rentable podría ser para los productores locales aceptar condiciones poco adaptadas a la realidad nacional, solo por instalar en un mercado del exterior los productos.