La informalidad sigue siendo uno de los principales desafíos estructurales de la economía paraguaya. Lejos de tratarse de un fenómeno marginal, hoy alcanza a más del 62% de los trabajadores no agrícolas y se eleva hasta 67,7% al incorporar el sector agrícola, según datos oficiales incorporados en la Estrategia Integrada de Formalización del Empleo 2025-2028.

Para Oscar Orué, Director Nacional de Ingresos Tributarios, estas cifras confirman que la informalidad no responde a una sola causa. Se trata de un problema multicausal, donde confluyen barreras normativas, limitaciones económicas y factores socioculturales arraigados. 

El caso más crítico es el empleo doméstico, donde 9 de cada 10 trabajadores continúan fuera del sistema formal, una realidad que expone la profundidad del desafío.

Menos trámites, más tecnología

Uno de los principales frenos históricos a la formalización ha sido la complejidad administrativa. En ese frente, la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) viene avanzando en una agenda de simplificación que apunta a reducir costos y tiempos para los contribuyentes. 

La digitalización de los procesos de inscripción al RUC permitió no solo acelerar el alta tributaria, sino también habilitar automáticamente y sin costo la Cédula MIPYMES, facilitando el acceso a beneficios estatales.

A esto se suma la implementación de los regímenes SIMPLE y RESIMPLE, creados por la Ley N° 6380/2019, que buscan facilitar el cumplimiento voluntario de micro y pequeños empresarios. Según Orué, estos esquemas reducen la carga operativa inicial y funcionan como una puerta de entrada al sistema formal.

En paralelo, la DNIT reforzó sus capacidades de control mediante el uso de herramientas de Big Data, que permiten identificar sectores con alto potencial de formalización y mejorar la trazabilidad de las operaciones económicas. 

La estrategia 2025-2028 prioriza además la interoperabilidad entre registros administrativos, incluyendo la participación de la DNIT en el Sistema Integrado del Mercado de Trabajo, un paso clave para una fiscalización más inteligente y coordinada.

Formalizar como ventaja competitiva

Más allá del control, el enfoque oficial apunta a cambiar la percepción de la formalización como una mera obligación. Desde la DNIT se insiste en presentarla como un motor de competitividad y protección social. 

Estar formalizado permite, por ejemplo, ser proveedor del Estado, acceder a crédito bancario, participar en programas de capacitación pública y operar en mercados más amplios y exigentes.

Orué subraya que la informalidad también implica riesgos patrimoniales. Las sanciones, la imposibilidad de acceder a financiamiento y la exclusión de cadenas formales de valor terminan limitando el crecimiento de las empresas que permanecen al margen del sistema.

Incentivos concretos para dar el salto

En los últimos meses, el esquema de incentivos se fortaleció con la Ley N° 7444/25, que introduce beneficios económicos tangibles para micro y pequeñas empresas. 

Entre los principales, se destacan la exoneración del 100% de la Patente Comercial y de pagos por servicios estatales durante los primeros tres años para microempresas, y un descuento del 75% para pequeñas empresas.

A esto se suma un cambio relevante en materia de protección social: los propietarios de micro y pequeñas empresas ahora pueden acceder al seguro de salud y jubilación del IPS, un punto históricamente reclamado por el sector.

En el plano financiero, la creación del FONAMIPYMES, un fideicomiso orientado a capital operativo y créditos de inversión, introduce una señal clara: el acceso al financiamiento formal estará cada vez más vinculado a la formalización.

Reformas para una reducción sostenida

Mirando a mediano plazo, Orué plantea que la clave estará en consolidar una agenda de reformas estructurales dentro del marco de la estrategia 2025-2028. 

La prioridad pasa por seguir reduciendo los costos administrativos, avanzar hacia una formalización 100% electrónica y fortalecer la coordinación interinstitucional entre la DNIT, el Ministerio de Trabajo, el IPS y otras entidades vinculadas a la actividad económica.

Más que controles aislados, el objetivo es construir un sistema donde la fiscalización, los incentivos y la educación tributaria funcionen de manera integrada. 

Para Orué, ese enfoque es el único camino para avanzar hacia una economía más equitativa, donde el cumplimiento sea la norma y el Estado pueda reinvertir en mejores servicios públicos.

En ese equilibrio entre estabilidad macroeconómica y crecimiento sostenido, la formalización deja de ser un trámite y se convierte en una condición estructural para el desarrollo del país.