Paraguay atraviesa un debate silencioso pero decisivo sobre el futuro del trabajo. Para el abogado Javier Irún, socio de Irún & Villamayor, el país necesita una reforma profunda de la estabilidad laboral. "El cambio más urgente sería reemplazar la inamovilidad actual, adquirida al cumplir 10 años, por un sistema de estabilidad indemnizada, progresiva y previsible", afirma el abogado.

Según explica, tras una década de servicio el empleador ya no puede prescindir del trabajador simplemente pagando la indemnización ordinaria. Debe iniciar previamente un juicio de justificación de causal, mientras el empleado permanece suspendido. "Si la causal no se prueba, corresponde la reposición con salarios caídos", advierte Irún.

El artículo 94 del Código del Trabajo establece que la estabilidad se adquiere a los 10 años, pero apenas el 16% de los trabajadores llega a ese punto. "Esta cifra nos indica que la estabilidad prevista en el artículo 94, aunque se presenta como una protección importante para el trabajador, realmente tiene un alcance muy limitado", explica Irún al respecto.

El 84% restante nunca alcanza esa protección. El abogado sostiene que muchos empleadores prefieren no sostener un vínculo estable y despiden a la persona antes de que se cumpla el plazo. "Ante el cambio de actitud que muchas veces tiene el empleado que se siente intocable por la estabilidad, los empleadores optan por no correr el riesgo", apunta el especialista.

Irún matiza que la estabilidad absoluta no siempre fue vista como un problema. "Debemos entender lo que en un principio fue bien visto, debido a los abusos de algunos trabajadores y auxiliares de la justicia, terminó siendo un problema", señala. Esa desconfianza empuja a los empleadores a desvincular personal antes de que se consolide el derecho a la inamovilidad total.

Otro fenómeno que preocupa al especialista es la llamada compraventa de antigüedad, práctica mediante la cual una empresa liquida al empleado a los 9 años y lo recontrata poco después. "Es muy perjudicial para la seguridad jurídica, porque crea una relación artificial", afirma Irún. Si luego se demuestra continuidad laboral real, un juez puede computar todo el período trabajado igualmente. La rigidez actual también incide en la actualización profesional, dado que la falta de adaptación tecnológica no constituye causal de despido válida. 

“El problema no es que la estabilidad proteja al trabajador, sino que la protección sea independiente de su capacidad de seguir cumpliendo las funciones que el puesto requiere”

Para el especialista, la legislación moderna paraguaya debería equilibrar ambos intereses en juego, sin inclinar la balanza. "Una legislación moderna debería proteger contra decisiones arbitrarias, pero también reconocer que la capacitación y la adaptación tecnológica forman parte de las obligaciones recíprocas de una relación laboral sostenible", sostiene.

Los procesos judiciales, que suelen extenderse de 3 a 5 años, agregan otra capa de incertidumbre financiera para las empresas locales. "La duración excesiva de los juicios laborales transforma un conflicto individual en un factor que incide sobre las decisiones empresariales de inversión y contratación", advierte Irún, vinculando directamente la lentitud judicial con la escasa creación de empleo formal.

Por eso, agrega, la seguridad jurídica no se agota simplemente en proteger derechos individuales de manera aislada. "La seguridad jurídica no consiste solo en proteger derechos, sino también en que las controversias se resuelvan en plazos razonables y con reglas claras y montos razonables", explica.

Consultado sobre si es posible diseñar un modelo donde el juicio deje de ser la primera opción, Irún responde: “Varios ordenamientos jurídicos han evolucionado hacia modelos en los que la indemnización es lo suficientemente clara, objetiva y previsible como para que la amplia mayoría de las desvinculaciones se resuelvan sin ninguna intervención judicial”.