A partir del 21 de enero de 2026, Estados Unidos suspenderá de forma indefinida el procesamiento de visas de inmigrante para nacionales de 75 países. 

Aunque la medida no afecta visas temporales – turismo (B1/B2), estudios (F1), trabajo temporal (H-1B, L, O) o negocios –, sí congela el acceso a la residencia permanente.

El portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, explicó: "El procesamiento de visas de inmigrante desde estos 75 países se pausará mientras el Departamento de Estado reevalúa los procedimientos de procesamiento de inmigración para prevenir la entrada de nacionales extranjeros que tomarían welfare y beneficios públicos".

En América del Sur, el foco se concentra en Brasil, Uruguay y Colombia, tres economías con vínculos activos con Estados Unidos y con comunidades migrantes consolidadas. 

En el caso brasileño, el impacto es especialmente sensible por volumen: Brasil figura entre los pocos países latinoamericanos incluidos en la lista, lo que podría demorar miles de procesos de reunificación familiar y migración permanente, sin alterar el flujo de ejecutivos, estudiantes o turistas.

Uruguay aparece como una inclusión inesperada. Tradicionalmente percibido como un país de bajo riesgo migratorio, su presencia en la lista genera ruido político y diplomático, más que un impacto cuantitativo inmediato. 

Colombia, por su parte, enfrenta un escenario más complejo. Con una diáspora numerosa y flujos constantes de solicitudes de residencia, la suspensión puede extender separaciones familiares y aumentar la presión sobre vías alternativas de migración legal.

Desde la Casa Blanca, la suspensión se apoya en una orden previa de noviembre de 2025 y se suma a un endurecimiento más amplio que incluye la reducción del cupo de refugiados a 7.500 personas para 2026 y nuevas restricciones de entrada para otros países por razones de seguridad nacional. El gobierno remarca que no se revocan visas vigentes ni se impide el ingreso temporal, buscando acotar el impacto inmediato sobre negocios y turismo.