El Viceministerio de Minas y Energía avanza en una reforma integral del Código Minero, junto con la elaboración de la primera política minera nacional, que serán elevadas en breve al presidente de la República para su posterior tratamiento en el Congreso Nacional. 

Con esto, Paraguay se prepara para dar un salto estratégico en el desarrollo de su sector minero dado que podrá crear un marco moderno, competitivo y alineado con las mejores prácticas internacionales que permita aprovechar los recursos del subsuelo, hasta ahora poco explorados.

La propuesta incluye, por un lado, un nuevo Código Minero que deberá ser aprobado por el Poder Legislativo, y por otro, una política minera de largo plazo que se implementará vía decreto del Ejecutivo. Ambos instrumentos buscan sentar las bases de una minería sustentable, con foco en los minerales críticos que hoy ocupan un rol central en la geopolítica y en la transición energética global.

“Estamos trabajando en reformas normativas y en una política minera clara, enfocada en el desarrollo sustentable y en los minerales críticos que hoy mueven la economía y la geopolítica mundial”, explicó el Viceministro de Minas y Energía, Mauricio Bejarano, en entrevista con Forbes. Comentó que la idea es que Paraguay pueda desarrollar todos los recursos naturales que tiene en el subsuelo, algo que hasta ahora prácticamente no ocurrió.

Hoy, la actividad minera en el país es todavía incipiente y más allá de la explotación de oro en el departamento del Guairá, Paraguay ha construido históricamente su desarrollo económico sobre la base del agro. Sin embargo, el escenario internacional abre una ventana de oportunidad inédita para avanzar hacia una nueva etapa, apoyada en la demanda global de minerales como el litio, las tierras raras, el uranio, el cobre y el titanio.

Bejarano mencionó que uno de los ejes centrales de la reforma es el cambio en la forma de otorgar concesiones. El nuevo esquema apunta a que el Estado genere y concentre mayor información geológica, para luego licitar los bloques de manera competitiva, en lugar de adjudicarlos por orden de llegada. A su criterio, esto permitiría mejorar las regalías, los cánones territoriales y asegurar inversiones de mayor calidad en los proyectos considerados estratégicos.

“Queremos que, con mayor información recopilada por el Estado, podamos salir a un proceso competitivo de licitación de bloques y no que se otorguen al primero que llega. Eso nos permitiría mejorar regalías, cánones y asegurarnos la mejor inversión comprometida en los bloques premium”, señaló Bejarano. 

Procesos más ágiles

El nuevo Código Minero contempla procesos más rápidos y dinámicos para el otorgamiento de permisos de prospección, exploración y concesiones de explotación, sin descuidar los estándares ambientales y de seguridad jurídica. En paralelo, el Estado prevé avanzar en estudios prospectivos propios para contar con una radiografía más precisa del potencial real del subsuelo paraguayo.

En términos de metas, el horizonte es ambicioso dado que el Gobierno busca que, en un plazo de cinco a diez años, Paraguay logre desarrollar una minería con impacto económico significativo, capaz de diversificar la matriz productiva y convertirse en uno de los motores del crecimiento.

“La meta concreta es desarrollar la minería en Paraguay. Explotar los minerales que ya tienen recursos probados, como el uranio y el titanio, aumentar la producción de oro y preparar el camino para minerales con gran potencial como el litio, las tierras raras y el cobre. El mundo tiene inversiones billonarias comprometidas en estos minerales, que hoy ya no son solo estratégicos, sino críticos”, afirmó el viceministro.

En ese sentido, un estudio reciente encargado por el Ministerio de Industria y Comercio a la consultora McKinsey identificó a la minería como uno de los factores clave para duplicar el producto interno bruto (PIB) del país en los próximos diez años. La explotación de estos recursos, combinada con reglas claras y previsibilidad, podría generar un impacto estructural en la economía.

Más allá de la extracción, la apuesta también incluye avanzar hacia esquemas de mayor valor agregado. Si bien la normativa no obliga a industrializar los minerales dentro del país, el nuevo marco buscará crear condiciones para modelos de negocio más complejos, que permitan desarrollar procesos industriales y generar empleo especializado.

“La idea es no quedarnos solo en la exportación de recursos naturales, sino crear las condiciones para agregar valor dentro del territorio nacional. Eso implica industrialización, mano de obra especializada y un impacto mucho más profundo en la economía”, sostuvo Bejarano.

Atracción de inversiones

Para atraer inversiones, la reforma se diseñó tomando como referencia las mejores prácticas internacionales. El equipo técnico analizó especialmente la normativa de Canadá, así como los modelos de países mineros de la región como Chile y Perú, con el objetivo de ofrecer un marco competitivo para una industria de alto riesgo.

“Hicimos un comparativo con Canadá, con Chile, con Perú. Queremos una normativa equiparada a las mejores prácticas mundiales, que haga atractivo al país para captar inversiones billonarias”, explicó el viceministro.

El interés ya es visible, teniendo en cuenta que, actualmente, el catastro minero muestra un nivel de solicitudes de permisos prospectivos y exploratorios sin precedentes, incluso en zonas donde históricamente no existía actividad minera, como el Chaco. Litio, tierras raras y diversos minerales metálicos y no metálicos concentran la atención de inversores de distintas regiones del mundo.

“Hoy tenemos un catastro minero como nunca antes ocupado, con pedidos de distintas regiones y por distintos minerales. Creemos que esto va a crecer de manera exponencial con la nueva normativa”, agregó.

En términos de impacto económico, la minería ya empieza a mostrar señales positivas. En 2024, Paraguay exportó cerca de 600 kilos de oro a mercados internacionales, un récord histórico que generó ingresos por regalías, distribuidas entre el gobierno central, las gobernaciones y los municipios donde se realiza la explotación.

“Ya hoy vemos un impacto positivo: más cánones, más inversión en exploración, mejoras en caminos, empleo y un derrame económico en las zonas donde hay minería. Y a futuro, el efecto multiplicador puede ser enorme”, sostuvo Bejarano.

El proyecto de reforma del Código Minero ya fue presentado a los ministerios de Obras Públicas, Industria y Comercio y Economía, y se encuentra en etapa de ajustes finales antes de ser remitido a la Presidencia. El proceso incluyó instancias de consulta con asociaciones mineras, geológicas y gremios empresariales, con el objetivo de construir una norma participativa y aplicable.

La expectativa oficial es que el nuevo marco legal pueda estar vigente en el transcurso de este año, una vez superado el receso parlamentario. A partir de allí, el Gobierno buscará salir nuevamente al mundo a mostrar a Paraguay como un destino confiable, competitivo y con reglas claras para el desarrollo minero.

“No queremos que sea una política de gobierno, sino una política de Estado. Por eso estamos construyendo una política minera de largo plazo, con una visión país, que permita un crecimiento sostenido y un impacto positivo real en la economía paraguaya”, concluyó el viceministro.