El 4 de abril de 2022, menos de seis semanas después del inicio del ataque ruso contra Ucrania, agentes de la Guardia Civil española, el FBI y el Departamento de Seguridad de EE.UU. subieron al Tango, un superyate de 77,7 metros de eslora que permanecía amarrado en la ciudad portuaria española de Palma de Mallorca.
Según el gobierno de Estados Unidos, el yate, valuado en US$ 90 millones, pertenecía presuntamente al multimillonario ruso Viktor Vekselberg, con un patrimonio neto de US$ 9.000 millones. Una orden judicial estadounidense permitió incautarlo por sospechas de fraude bancario, lavado de dinero y violación de sanciones. La operación representó el primer golpe resonante de la campaña occidental destinada a castigar a los oligarcas rusos que, según las autoridades, "apoyaron la tiranía para obtener beneficios económicos".
"Esto marca la primera incautación por parte de nuestro grupo de trabajo de un bien perteneciente a una persona sancionada con estrechos vínculos con el régimen ruso", afirmó entonces el fiscal general Merrick Garland. "No será la última", advirtió. Semanas después, Garland redobló la apuesta y prometió utilizar los recursos disponibles del Departamento de Justicia de Estados Unidos para incautar esos bienes y transferir las ganancias a Ucrania.
Más de cuatro años después, las audaces promesas de Garland se desvanecieron y dieron paso a un problema. El Tango permanece casi en el mismo lugar donde fue incautado, en un costoso y exclusivo amarre de Palma. Washington no pudo venderlo y ni un centavo llegó a Kiev. En cambio, los contribuyentes estadounidenses desembolsaron cerca de US$ 14 millones para cubrir los costos de una tripulación mínima, seguros, combustible y mantenimiento. Sin esos gastos ni los controles necesarios para conservar los motores y el sistema eléctrico en buen estado, los superyates empiezan a deteriorarse casi de inmediato. Se trata de un fiasco financiero que le habría costado la carrera a cualquier profesional del sector privado, pero que, por desgracia, resulta habitual entre los funcionarios públicos.
"Lo veo desde la ventana de mi oficina. Lleva años ahí, a la intemperie y bajo el sol", cuenta Sam Tucker, agente de Moravia Yachting en Palma, quien asegura que muchas veces observa una tripulación mínima de diez personas a bordo. "La pintura está envejecida y el fondo del barco probablemente esté muy sucio. Apenas cumple la normativa y flota", señala.
Miguel Ángel Serra, socio fundador del bufete Legalley, con sede en Palma, considera que los gobiernos ya descubrieron por las malas cuánto cuesta realmente administrar un activo inmovilizado. "Los superyates que no están en funcionamiento cuestan mucha plata", sostiene. "Es tremendamente caro incluso si no se mueven", advierte.
En los frenéticos meses posteriores a la invasión de Putin, once gobiernos occidentales congelaron o retuvieron al menos veinte superyates vinculados con Rusia, valuados entonces en unos US$ 4.300 millones. La medida funcionó como una maniobra de relaciones públicas en tiempos de guerra y prometió justicia rápida: confiscar las embarcaciones, venderlas y destinar las ganancias a reconstruir Ucrania.
Eso nunca ocurrió. La campaña, por el contrario, terminó convertida en un despilfarro burocrático. En términos legales, "congelar" un yate no equivale a "confiscarlo", paso imprescindible antes de venderlo. Con el correr de los años, apenas cuatro embarcaciones terminaron confiscadas y tres se vendieron con descuento. Según cálculos de Forbes, solo dos gobiernos, Estados Unidos y Antigua y Barbuda, obtuvieron dinero por esas operaciones después de descontar los costos. Al parecer, ninguno de esos fondos llegó a Ucrania. Otros dos yates recuperaron discretamente su condición original y volvieron a manos de sus dueños. La promesa inicial quedó enterrada entre expedientes, costos y disputas judiciales.
Mientras tanto, los contribuyentes occidentales todavía pagan los gastos de varios de los 15 yates que permanecen amarrados en puertos de toda Europa. Para determinar el costo real de esta estrategia fallida, Forbes presentó solicitudes de acceso a la información ante organismos gubernamentales de 11 países, revisó en detalle los expedientes judiciales y consultó a abogados, agentes de yates y astilleros. Más de un mes después, varias agencias gubernamentales estadounidenses todavía no respondieron a nuestros pedidos formales. Otros países, entre ellos Italia y Alemania, rechazaron por completo cualquier entrega de información: invocaron cláusulas de confidencialidad o sostuvieron que divulgarla violaría secretos oficiales de Estado.
Pese al secretismo, Forbes comprobó que los gobiernos destinaron más de US$ 100 millones al mantenimiento de apenas cinco yates. Para calcular los gastos de las demás embarcaciones, Forbes trabajó junto con la firma de datos especializada en superyates Phronesis Superyacht Intelligence & Insight y obtuvo estimaciones independientes de los costos. En total, esta odisea de cuatro años con embarcaciones inmovilizadas demandó hasta ahora cerca de US$ 390 millones, de los cuales los contribuyentes estadounidenses aportaron al menos US$ 50 millones, la segunda porción más alta del gasto total, según los cálculos reunidos para esta investigación periodística de Forbes.
Italia desembolsó la suma más alta, casi US$ 100 millones hasta el momento, para mantener los cuatro superyates que congeló. Entre ellos figura el Scheherazade, de 142 metros de eslora, que la Fundación Anticorrupción del fallecido dirigente opositor ruso Alexei Navalny atribuyó al propio Vladimir Putin. La embarcación estaba valuada en US$ 510 millones cuando quedó inmovilizada. El yate continúa varado en el puerto italiano de Marina di Carrara y, según los estados financieros de Italian Sea Group, dueña del astillero que lo alberga desde mayo de 2022, le demandó al país unos US$ 15 millones, monto que todavía sube.
Para las ciudades y localidades obligadas a convivir con estas embarcaciones deterioradas, la situación dejó de ser una molestia menor y se transformó en una verdadera irritación. En Trieste, al noreste de Italia, los vecinos soportan desde hace cuatro años una vista del mar Adriático atravesada por el velero A, de 142 metros de eslora, diseñado por Philippe Starck, conocido en su momento como el "yate más feo del mundo" y valuado en unos US$ 578 millones cuando quedó “congelado”. "Esto es un despilfarro de dinero público, una vergüenza", declaró el intendente Roberto Dipiazza al diario Corriere della Sera en 2023. Después, rechazó una nueva consulta de Forbes para esta nueva investigación periodística.
En la otra punta del país permanece el Lady M, de 65 metros de eslora, que, según el gobierno italiano, pertenecería al magnate ruso del acero Alexey Mordashov. La embarcación lleva más de 200 semanas amarrada en el puerto de Imperia y demanda unos US$ 700 diarios por electricidad y agua, además de US$ 15.000 mensuales en tasas de amarre. A esa cuenta se añaden US$ 57.000 anuales por mantenimiento básico. "A final de mes, emitimos las facturas y cobramos. El yate está bien mantenido", afirma Matteo Bonjean, subdirector del puerto de Marina di Imperia. Y así debería ser: el gobierno italiano ya recibió facturas por más de US$ 2 millones hasta el momento.
Confiscar un activo es más complejo de lo que parece. Congelarlo solo impide que su dueño disponga de él, mientras que la incautación transfiere la propiedad. Para concretarla, las autoridades deben probar que la persona sancionada cometió un delito y conseguir una orden judicial que permita tomar sus bienes. De los US$ 58.000 millones en activos bloqueados a oligarcas rusos, entre yates, propiedades, aviones, empresas y cuentas bancarias, apenas US$ 3.000 millones, equivalentes al 5%, quedaron formalmente incautados. La proporción resulta todavía menor entre los yates: de las 20 embarcaciones congeladas por distintos gobiernos, solo cuatro, valuadas en unos US$ 530 millones, pasaron oficialmente a manos estatales.
“No creo que las autoridades tuvieran ni idea de cuánto cuesta tener estas cosas ahí, sin que se usen para nada”.
Benjamin Maltby, abogado de superyates.
Una vez obtenida la orden judicial, las autoridades todavía deben atravesar un proceso de confiscación civil para reclamar el activo y después venderlo, algo que Estados Unidos aún no completó con el Tango. "Una de las prioridades era llevar a cabo incautaciones y confiscaciones, no solo para bloquear los activos... sino para transferir completa y definitivamente la propiedad a Estados Unidos con el fin de que algunos activos, por modestos que fueran, estuvieran disponibles para su uso en Ucrania", explica Andrew Adams, socio del estudio jurídico Steptoe, en Washington, D.C.
Adams encabezó entre 2022 y 2023 el grupo de trabajo KleptoCapture del Departamento de Justicia noteamericano. El presidente Trump disolvió esa unidad en febrero de 2025, por lo que numerosos activos quedaron en un limbo legal. El Departamento de Justicia no respondió a las reiteradas consultas de Forbes.
En la Unión Europea, el escenario resulta todavía más complejo porque muchos países no cuentan con un procedimiento legal del todo claro. Estados Unidos, en cambio, adquirió amplia experiencia en la confiscación de activos durante la guerra contra el narcotráfico. "Las leyes no se redactaron correctamente desde el principio", afirma Benjamin Maltby, abogado especializado en superyates radicado en Londres. "Creo que las autoridades no tenían ni idea de cuánto costaba tener estas cosas ahí, sin que se utilizaran", sostiene.
Algunos países intentan que los dueños sancionados afronten las facturas mientras sus yates siguen retenidos. Buena suerte. La identidad del dueño no siempre resulta clara y varios ni siquiera se preocupan por pagar. El Luminosity, de 108 metros de eslora, ilustra el problema: permanece varado en Montenegro desde marzo de 2022, cuando la Unión Europea sancionó a Andrei Guryev Jr., vinculado con la embarcación e hijo del magnate de los fertilizantes Andrei Guryev. (Forbes no pudo contactarlo para obtener declaraciones). Poco después, la tripulación fue despedida y desde entonces reclama los salarios adeudados. Burgess Crew Services, la empresa que contrató originalmente al personal en nombre del dueño, recibió permiso en octubre de 2023 para transferir fondos del dueño. Sin embargo, casi tres años después, el dinero todavía no llegó porque un banco intermediario congeló los fondos y se niega a liberarlos, a pesar de las gestiones realizadas para destrabar la operación.
"Hay una tripulación montenegrina designada por el gobierno que sube al barco de vez en cuando, pero no cobran", dice Russell Crump, agente de yates radicado en Mónaco que representa a un comprador interesado en adquirir la embarcación. "Así que se llevaron el televisor, la mesa del comedor y todo el equipamiento del barco", precisa Crump.
Hoy resulta difícil imaginar que alguien acepte comprarlo a precio completo. La embarcación, alguna vez descripta como un "palacio de cristal flotante", ahora se pudre en el agua: los percebes cubren la parte inferior y el sol castiga los pisos de teca, cada vez más deteriorados.
"Cualquier barco que se deje a la intemperie sin tripulación se deteriora rápidamente", afirma Robert Dolling, cofundador y CEO de Verpeka Dolling, una firma especializada en corretaje de yates con sede en Mónaco. Según Dolling, el Luminosity ya perdió la mitad del valor que tenía antes de la guerra, estimado en US$ 275 millones. "Si no se ponen en marcha los motores ni los generadores y los sistemas no funcionan, todo empieza a irse al traste", advierte sin vueltas.
El dueño legal del Luminosity, al menos en los documentos, es una empresa registrada en el paraíso fiscal de Guernsey, una estructura habitual entre magnates que controlan sus embarcaciones mediante complejas redes de sociedades y fideicomisos. La firma, con domicilio en Guernsey, afronta demandas por varios años de facturas impagas, presentadas por una proveedora de yates y por el astillero donde la embarcación todavía permanece inmovilizada, sin una solución judicial.
En Alemania, el fabricante de superyates Lürssen quedó atrapado en el fuego cruzado de esta disputa por los activos. Sin embargo, el prestigioso astillero respondió: cansado de desembolsar millones para mantener congelado al Dilbar, una embarcación de 156 metros valuada en US$ 600 millones, demandó el año pasado a la Oficina Federal de Asuntos Económicos y Control de Exportaciones alemana. Lürssen construyó el yate en 2016 y una coincidencia adversa lo dejó bajo su custodia: estaba en el astillero para una remodelación cuando comenzó la guerra y permaneció ahí desde entonces, hasta ahora.
Durante años, Dilbar quedó vinculado al magnate de los metales Alisher Usmanov, cuya madre se llama Dilbar, aunque él y sus abogados sostienen, tras una batalla judicial que se extendió durante varios años en Alemania, que no es el dueño. En una etapa, la hermana de Usmanov figuró como beneficiaria del fideicomiso propietario del yate. (Usmanov constituyó el fideicomiso en 2016, pero tanto él como su hermana negaron ser dueños de la embarcación). Ella también integró durante un tiempo la lista de sanciones de la UE, pero salió en 2025. Después, Lürssen demandó al gobierno alemán y reclamó el reintegro de los gastos de mantenimiento, ya que el dueño no estaba sancionado. En abril, un tribunal de Frankfurt le dio la razón a Lürssen.
Incluso cuando el gobierno autorizó las subastas de los yates incautados, las ventas terminaron en un desastre. Hasta 2022, el Amadea, de 106 metros de eslora, una embarcación de seis cubiertas con helipuerto, pileta infinita de diez metros, ascensores dorados y un piano de cola Pleyel pintado a mano, pertenecía presuntamente, según el gobierno estadounidense, a Suleiman Kerimov, magnate ruso del oro y miembro de la cámara alta del Parlamento ruso, a quien Estados Unidos sancionó por primera vez en 2018.
Tras el ataque ruso a Ucrania, el Amadea inició un viaje de 18 días entre México y Fiyi. En mayo de ese año, las autoridades fiyianas ejecutaron una orden de incautación solicitada por el FBI, que trasladó la embarcación a San Diego un mes más tarde. Pasaron otros 16 meses, hasta octubre de 2023, antes de que el Departamento de Justicia presentara una demanda civil y formalizara la incautación del yate a Kerimov.
Lo que siguió fue una batalla judicial de dos años entre el gobierno estadounidense y otro oligarca ruso, Eduard Khudainatov, quien aseguraba ser el verdadero dueño del Amadea. Khudainatov, sin vínculos aparentes con Kerimov, presentó una demanda para frenar la confiscación, mientras Washington sostenía que el empresario actuaba apenas como un testaferro nominal.
Durante ese período, los contribuyentes estadounidenses destinaron US$ 36 millones al mantenimiento de la embarcación. El gobierno terminó por imponerse en el juicio y vendió el yate en una subasta celebrada en septiembre pasado, aunque aplicó un descuento del 37% sobre su valor previo a la guerra, estimado en US$ 300 millones. Después de descontar los gastos, Washington obtuvo cerca de US$ 150 millones. El Servicio de Alguaciles de Estados Unidos, que administró el yate durante su custodia federal, se negó a entregar una rendición completa de las cuentas, aunque afirmó que los fondos se destinarían a "compensación a las víctimas, gastos del programa y otros gastos de la agencia". Al parecer, hasta el momento, ninguna parte de esa plata llegó directamente a Ucrania.
El comprador del Amadea fue Abbas Sajwani, un multimillonario inmobiliario de Dubái de 26 años e hijo de Hussain Sajwani, promotor inmobiliario multimillonario, amigo de Trump y conocido como "el Donald de Dubái". Abbas pronto disfrutó de su nuevo juguete. Dos días antes del Gran Premio de Fórmula 1 de Mónaco, invitó a Forbes a recorrer su flamante adquisición de lujo. "Varias cosas me atrajeron. La distribución, el estilo interior, la marca, la calidad de la construcción, la forma en que se ha mantenido", explicó Abbas, sentado en un sillón color crema. A través de la ventana, detrás de él, sobresalían sobre el azul del Mediterráneo decenas de superyates, entre ellos el Axioma y el Alfa Nero, ambos confiscados a oligarcas rusos y revendidos en operaciones impulsadas por distintos gobiernos.
El yate Axioma, de 72 metros de eslora, quedó retenido por las autoridades de Gibraltar después de que la UE sancionara en marzo de 2022 a Dmitry Pumpyansky, multimillonario ruso vinculado con el negocio de las tuberías. La medida provocó el incumplimiento de las condiciones de un préstamo de US$ 21 millones otorgado por JPMorgan y garantizado con la embarcación. Cinco meses más tarde, JPMorgan subastó el yate y lo vendió por US$ 37,5 millones, por debajo de su valor anterior de US$ 42 millones, a los magnates industriales turcos Ali Riza y Robert Yuksel Yildirim en esa operación.
El Alfa Nero, de 82 metros de eslora, fue construido en 2007 por el astillero holandés Oceanco y se convirtió en el primer yate con una pileta capaz de transformarse en helipuerto con solo apretar un botón. La embarcación llegó a Antigua y Barbuda en marzo de 2022. Cinco meses más tarde, Estados Unidos la declaró propiedad bloqueada de Guryev, a quien sancionó ese mismo día. El Tribunal Superior de Antigua ordenó la incautación, y las autoridades locales, junto con el FBI, subieron al barco y tomaron su control efectivo.
En marzo de 2023, el yate descargó aguas residuales sin tratar en el puerto tras fallar su planta de tratamiento a bordo. Ese mismo mes, las autoridades de Antigua sancionaron una ley que facultó al gobierno para vender cualquier embarcación que representara una amenaza inminente para el puerto u otros barcos. Poco después, calificaron al Alfa Nero como un peligro y anunciaron su venta, con el argumento de que su dueño lo había abandonado.
Los abogados de Yulia Guryeva-Motlokhov, hija de Guryev y dueña legal del yate, impugnaron la venta porque sostuvieron que el gobierno de Antigua no tenía autoridad legal para confiscarlo. Aun así, el Alfa Nero salió a subasta en el verano de 2023. La mayor oferta llegó del multimillonario Eric Schmidt, ex CEO de Google, quien presentó una propuesta de US$ 68 millones, pero la retiró poco después, cuando se intensificó la disputa judicial entre la hija de Guryev y el gobierno de Antigua.
“Cualquiera que compre uno de esos yates tendrá que buscar asesoramiento legal muy, muy sólido. No vas a querer estar mirando a tu alrededor con recelo”.
Richard Lambert, broker de yates.
En julio de 2024, el gobierno finalmente se lo vendió a Yildirim, la misma persona que compró el Axioma. Esta vez, el industrial turco consiguió una ganga y pagó US$ 40 millones, menos de la mitad de su valor original. Después de descontar los US$ 9 millones que el gobierno de la isla destinó al mantenimiento, el resto de los ingresos se usó para cancelar la deuda pública del gobierno de Antigua. Ni un solo centavo fue a parar a Ucrania.
La hija de Guryev mantiene su batalla judicial en los tribunales de Antigua, Estados Unidos, Rusia y los Emiratos Árabes Unidos. Sostiene que el gobierno de Antigua actuó de manera corrupta y cobró una comisión ilegal por la venta, acusación que las autoridades negaron. Aunque el Alfa Nero permanece fuera de su alcance, consiguió un avance en su intento por reclamar bienes al nuevo dueño en Rusia. En julio pasado, un tribunal ruso ordenó incautar una planta de ferrocromo propiedad de Yildirim y de su hermano. Yildirim rechazó hacer declaraciones, mientras los representantes de Guryeva-Motlokhov y del gobierno de Antigua no respondieron las consultas de Forbes.
Las complicaciones judiciales y las estructuras de propiedad poco transparentes redujeron el valor comercial de estos activos retenidos. ¿Qué pasaría si el yate navegara hacia un país que desconociera la venta y ordenara retenerlo a pedido de su antiguo dueño? "Navegar en yate debería ser divertido", afirma Richard Lambert, agente de ventas de Burgess Yachts en Mónaco. "No querés estar mirando a tu alrededor con recelo. Cualquiera que compre uno de estos yates tendrá que buscar asesoramiento legal muy, muy sólido", advierte con cautela.
Esa podría ser la razón por la que Yildirim ya busca desprenderse de la embarcación. Aunque también podría intentar obtener una ganancia mucho mayor: menos de un año después de pagar US$ 40 millones por Alfa Nero, lo puso en venta por US$ 101 millones, un 153% de su precio de compra, y lo exhibió con su lujo ante la élite internacional durante el Gran Premio de Mónaco, en junio pasado. Además, ofreció Axioma por US$ 63 millones, un 67% más de lo que pagó por ese mismo yate.
En cuanto a los contribuyentes, podrían afrontar nuevas facturas por una campaña que ya acumula costos millonarios. Los antiguos dueños de yates reclaman cada vez más compensaciones e indemnizaciones a los gobiernos, en vez de intentar recuperar sus embarcaciones depreciadas. Una sociedad fantasma que asegura ser dueña del Royal Romance, un yate de 92 metros valuado en US$ 200 millones, demandó a Croacia y reclamó más de US$ 40 millones por no poder utilizar la embarcación "congelada". La mayoría de estas demandas fracasó hasta ahora, pero los abogados advierten que los riesgos aumentarán si más tribunales revocan las sanciones o invalidan el congelamiento de activos específicos, como hizo Alemania.
"En los casos en que se determine que la inclusión en la lista de sanciones es ilegal, es muy probable que surjan reclamaciones por daños y perjuicios", afirma Bertrand Malmendier, abogado berlinés que trabajó en varios casos de superyates. Quienes triunfen en los tribunales podrían exigir una compensación por la depreciación, la pérdida de ingresos por alquiler y los gastos de mantenimiento.
En Estados Unidos, que tomó medidas más específicas que sus pares europeos, esa posibilidad resulta menor. Sin embargo, incluso ahí, tras el cambio del escenario político, los oligarcas todavía cuentan con opciones para defender sus intereses. "Sin duda tendrían legitimación para demandar", afirma un exasesor de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro estadounidense, responsable de aplicar las sanciones. "Se trata de un grupo excepcionalmente rico en recursos y propenso a los litigios", advierte.
Lo que nació como una campaña pública para mostrar el respaldo de las potencias occidentales a Ucrania terminó en un fiasco costoso: dilapidó millones, no ayudó a Kiev y tampoco provocó efecto alguno sobre Putin ni sus aliados. Como dijo un famoso economista: "La solución que el gobierno da a un problema suele ser tan mala como el problema mismo". O, en este caso, todavía mucho peor.
*Este artículo fue publicado originalmente por Forbes.com.
