La Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) emitió la Resolución General 47, estableciendo por primera vez un marco de control y reporte para operaciones con criptoactivos en Paraguay. 

La normativa obliga a reportar transacciones que superen los US$ 5.000 anuales, tanto para plataformas de intercambio como para personas físicas y jurídicas que operen con criptomonedas en el país.

“El Banco Central dice que los criptoactivos no son monedas legales en Paraguay, pero sí es una realidad. Y como realidad, nosotros tenemos que adaptarnos”, explicó Óscar Orué, Director Nacional de Ingresos Tributarios. 

“Entonces, nos parecía que este es el primer paso para una formalización realmente amplia de lo que es todo el mundo crypto”, agregó.

La medida establece una declaración jurada informativa anual, similar al esquema del Impuesto a la Renta Personal (IRP), que permitirá a la DNIT determinar si las operaciones generaron ganancias de capital, con sus correspondientes impuestos. El incumplimiento puede derivar en sanciones económicas y penalizaciones por evasión.

Formalización y trazabilidad: el primer paso

Para Luciano Antonelli, Senior Associate y Head of Tax BKM | Berkemeyer, el objetivo de la normativa es claro: ampliar la base de contribuyentes mediante mayor información.

“Lo que se quiere es buscar un poco la trazabilidad y conseguir la información y los datos de quiénes son los contribuyentes que deben abonar el impuesto por estas transacciones”, explicó.

En la misma línea, Manuel Grassi, CEO del Grupo Trifecta, considera que la medida apunta a ordenar un mercado que ya existe.

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“Es el primer paso correcto. No viene a frenar el ecosistema, viene a ordenarlo”, afirmó.

La trazabilidad de las operaciones representa una oportunidad y una limitación: permite al Estado visibilidad sobre el sector, pero no construye por sí misma un sistema económico sólido basado en blockchain. 

Según Grassi, la próxima prioridad debe estar en la construcción de una infraestructura jurídica de blockchain soberana.

Seguridad de la información: el principal desafío

Uno de los puntos más sensibles de la resolución es la seguridad de los datos. Antonelli advirtió sobre el carácter masivo del requerimiento de información:

“Pedir así masivamente todo este tipo de informaciones por una resolución general, como que no está tan bien visto”.

Por su parte, Juanjo Benítez, presidente de la Cámara Paraguaya de Minería de Activos Digitales (Capamad), señaló que la exposición de información patrimonial sensible representa riesgos personales y legales. “Este nivel de vigilancia que propone la DNIT es algo nunca antes visto”, afirmó.

Fernando Arriola, CEO de BC Mining, advirtió que, en caso de un hackeo o filtración, alguien podría acceder a la lista de personas con criptoactivos y actuar sobre esa información, un problema de seguridad “súper grave”.

Nuevos costos y barreras operativas

La Resolución 47 también genera nuevas exigencias para empresas y usuarios. Benítez destacó que el proceso de reporte puede convertirse en una carga significativa: desde sistemas de cumplimiento hasta reportes detallados de operaciones. Además, consideró que el umbral de US$ 5.000 para la declaración anual es bajo.

Antonelli agregó que, aunque la multa pueda ser menor, existe el riesgo de que se bloquee el RUC y la persona no pueda operar.

Reconocimiento del mercado

A pesar de los desafíos, los expertos coinciden en que la normativa representa un reconocimiento formal del ecosistema cripto en Paraguay. Benítez calificó la medida como un cambio de paradigma: el sector pasa de una “zona gris” a un entorno más legitimado, lo que podría mejorar la previsibilidad y atraer inversiones en minería, exchanges y servicios digitales.

Grassi destacó la oportunidad para el país mencionando que “Paraguay todavía está a tiempo de diseñar bien”, señaló, refiriéndose a la posibilidad de construir una infraestructura moderna desde cero, sin limitaciones de sistemas heredados.

Libertad económica y riesgo de concentración

Bruno Vacotti, Educador y Divulgador de Bitcoin, advirtió sobre los riesgos que enfrenta el usuario individual, diciendo que la regulación podría generar “autocensura financiera”, ya que las personas podrían pensar dos veces antes de mover sus fondos para evitar figurar en listas oficiales. Esto representa un impacto sobre la libertad económica y derechos constitucionales.

Vacotti también advirtió sobre la posible concentración del mercado, con salida de pequeños actores y dominio por parte de grandes empresas, más fáciles de regular. Al mismo tiempo, destacó la posición estratégica de Paraguay como potencial hub de activos digitales, gracias a su soberanía energética y ubicación geográfica favorable.

Un proceso en construcción

El impacto de la Resolución 47 dependerá de su implementación y de la colaboración entre sector público y privado. Benítez sugirió que se conformen mesas de trabajo para ajustar la normativa, y anticipa que la primera gran instancia de cumplimiento será en 2027. El desarrollo de herramientas tecnológicas, como reportes automatizados desde exchanges, será clave para facilitar su aplicación.

“Queremos que esto impacte positivamente a la población y a las entidades reguladas, por eso necesitamos una mesa de trabajo”, agregó Arriola.

Antonelli lo resumió de diciendo que el enfoque inicial está en identificar quiénes deben pagar impuestos, mientras que el verdadero desafío será transformar esta base de datos en un ecosistema competitivo, que combine regulación, innovación y desarrollo económico.

Porque la trazabilidad es solo el comienzo, pero el verdadero reto será construir sobre esa base.