La promulgación de la Ley N° 7593/2025 marca el fin de la dispersión normativa y posiciona a Paraguay en el mapa global de la economía digital, abandonando su estatus de "puerto inseguro" para el tratamiento de datos. Este nuevo marco no solo protege derechos fundamentales, sino que habilita mercados al alinearse con las tendencias regulatorias globales y el GDPR de la Unión Europea, lo que facilita la atracción de inversiones tecnológicas. La ley actúa como una infraestructura crítica que reconfigura las obligaciones empresariales en la era digital.
Para hablar de Inteligencia Artificial, primero debemos hablar de datos; son su materia prima y el combustible esencial de la economía digital. Por lo tanto, un aspecto crucial de esta normativa es que establece los primeros límites éticos y legales para el despliegue de la Inteligencia Artificial en nuestro territorio, anticipándose a regulaciones específicas de la tecnología. La ley introduce el derecho a no ser objeto de decisiones basadas únicamente en el tratamiento automatizado, otorgando al ciudadano la facultad de impugnar decisiones algorítmicas y exigir intervención humana. Esto obliga a las empresas a abrir la "caja negra" de sus algoritmos y garantiza la explicabilidad de la lógica aplicada en procesos críticos como el scoring crediticio o la selección de personal. Los modelos que no puedan ofrecer esta transparencia podrían volverse legalmente inviables en Paraguay.
Para el sector empresarial, la nueva legislación impone una responsabilidad proactiva que exige realizar Evaluaciones de Impacto (EIPD) antes de iniciar tratamientos de alto riesgo o de uso intensivo de datos sensibles. Ya no basta con saber si técnicamente podemos implementar una solución de IA, sino que debemos analizar si debemos hacerlo legal y éticamente, identificando sesgos discriminatorios antes de desplegar el código. La gestión de riesgos legales se vuelve parte integral del ciclo de desarrollo de software, exigiendo privacidad desde el diseño y por defecto en cada innovación tecnológica que implementemos.
La creación de la Agencia Nacional de Protección de Datos Personales (ANPDP) dota al sistema de facultades para fiscalizar y sancionar, con multas que pueden alcanzar los 10.000 jornales mínimos por la comisión de infracciones graves. Esta autoridad tiene la potestad de investigar de oficio, suspender actividades de tratamiento y emitir reglamentos técnicos que definirán los estándares de seguridad exigibles a las empresas locales y extranjeras. Con un plazo de adecuación de 24 meses ya en marcha, las organizaciones deben iniciar hoy su transformación interna, revisando sus flujos de datos y protocolos de seguridad para evitar sanciones y proteger su activo más valioso: la confianza del cliente.
Hugo Alexander Berkemeyer
Se unió a BKM | Berkemeyer en 2006, es actualmente socio del estudio. Especializado en derecho corporativo, contractual y propiedad intelectual, posee más de 18 años de experiencia liderando equipos multidisciplinarios en transacciones complejas y manejando portfolios de empresas Fortune 500. Su experiencia abarca desde la gestión legal hasta la optimización operativa y la implementación de tecnología. Su dominio del inglés y alemán facilita la entrada de inversores extranjeros al mercado paraguayo.
Su compromiso con el servicio pro bono se refleja en su participación en proyectos relacionados con anticorrupción y compliance.
Hugo Alexander es egresado de la Universidad Nacional de Asunción, habiendo integrado el cuadro de honor (top 5%) de su promoción (2009). Obtuvo un Máster en Administración de Empresas (MBA) de la "Columbia Business School", New York, 2019, con la tesis "Concentración en Operación y Administración de Empresas con proyectos en consultoría para pequeñas y medianas empresas en procesadores de Lenguaje para Compliance". Asimismo, cuenta con un Máster en Leyes (LL.M.) de la "Columbia Law School", New York, 2012, habiendo obtenido la "Certificación de Parker por los logros en Derecho Internacional y Comparado". Ha realizado adicionalmente otros cursos de posgrado como el curso Administración de Estudios Jurídicos en Latinoamérica, "IE Law School" (2017) y el Diplomado en Defensa de la Competencia, "Universidad Torcuato Di Tella" (2015), entre otros.
Ha participado en la elaboración y edición de numerosas publicaciones, siendo la más relevante la Investing Guide 2025 de Chambers and Partner.
Fue distinguido por The Legal 500 e IFLR1000 como abogado distinguido en las áreas Derecho Corporativo y Propiedad Intelectual.
Es miembro del IBA, ABA, INTA y ASIPI, con activa participación en comités de Administración de Estudios Jurídicos, Latinoamérica y Young Lawyers.